CONTINÚAN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS

Cierre de programas de radio y muerte de un sindicalista

CEJIL San José, Costa Rica, 21 de octubre de 2009 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional manifiesta su honda preocupación por la persistencia de violaciones a los derechos humanos en Honduras. Las actuaciones del gobierno de facto siguen afectando el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la libertad de expresión. 

La última víctima mortal de la crisis hondureña es el sindicalista Jairo Ludín Sánchez Gómez, quien falleció el 17 de octubre tras haber sido herido de bala el 23 de septiembre, cuando fuerzas de la Policía y el Ejército disolvieron una manifestación pacífica que realizaba el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, en Tegucigalpa. 

“Exigimos una investigación exhaustiva para determinar la verdad de lo ocurrido e identificar, procesar y sancionar a los responsables de este grave hecho. Hacemos un llamado para que cese la represión y la criminalización de la protesta social en Honduras”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.

También resulta preocupante el cierre de espacios informativos críticos del gobierno de facto. En este sentido, el pasado viernes 16 de octubre fueron cancelados tres programas radiofónicos que producían organizaciones de mujeres, en los cuales se discutía la situación que vive el país y denunciaban violaciones a derechos humanos, cometidas en el contexto del golpe de Estado, especialmente contra mujeres.  

El cierre de los programas “Aquí entre chonas”, “Tiempo de hablar” y “La Bullaranga”, fue comunicado a las organizaciones feministas Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y del  Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) mediante un fax proveniente de la administración de la Radio Cadena Voces, propiedad del ex presidente hondureño Ricardo Maduro.

La clausura fue justificada en el decreto 124-2009, emitido por el gobierno de facto el pasado 5 de octubre, el cual autoriza a revocar o cancelar permisos o licencias a estaciones de radio o televisión que “emitan mensajes que generen apología al odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así también como un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos”. 

La abogada Marcia Aguiluz, de CEJIL, señaló: “Hemos solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger el derecho de las mujeres que participan en estos programas a expresarse. Además, hemos pedido a la CIDH que ordene al Estado suspender en forma inmediata la aplicación del Acuerdo Ejecutivo No. 124-2009 y cualquier otro acto que tenga como objetivo y/o consecuencia inmediata el cierre de dichos programas o el cese de su transmisión, pues este tipo de medidas atentan contra las obligaciones del Estado de Honduras como país signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

En momentos en donde existe un diálogo entre  el gobierno de facto y el gobierno constitucional, enmarcado en un contexto en el cual se violan los derechos humanos, es indispensable garantizar que los y las hondureñas accedan a información plural.  En atención a ello, CEJIL espera que el gobierno de facto cese la adopción de este tipo de medidas y realice acciones tendientes a garantizar el goce de los derechos humanos de todos los/as habitantes de Honduras.