CEJIL DEPLORA AVAL DE EE. UU. A ELECCIONES HONDUREÑAS

Washington D.C. 11 de noviembre de 2009

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) deplora el apoyo de Estados Unidos al proceso electoral hondureño sin la restitución del presidente constitucional, Manuel Zelaya.

Mientras el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y la enorme mayoría de naciones del continente expresaron que no reconocerán las elecciones hondureñas del próximo 29 de noviembre si no se restituye en el cargo al presidente Zelaya, Estados Unidos adelantó ayer, en el Consejo Permanente de la OEA, el respaldo al proceso electoral y desconoció que el acuerdo San José-Tegucigalpa del pasado 30 de septiembre incluyera como condición el retorno al poder de Zelaya.

La posición expresada por el representante de Estados Unidos, Lewis Amselem, causa un gravísimo daño a la credibilidad de la administración de Barack Obama en la región y afectará seriamente las relaciones y las políticas estadounidenses en el continente.

El acuerdo del 30 de septiembre establecía que el Congreso hondureño “resolvería en lo procedente en respecto a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010”. Para CEJIL, así como para la mayoría de la comunidad internacional, la única interpretación posible es que ese texto implica la restitución del gobierno constitucional hondureño, derrocado por un golpe de Estado ejecutado por civiles y militares el 28 de junio.

“La restitución de Zelaya en el poder es la condición primordial para que en Honduras se restablezca el respeto al Estado de derecho y el goce de los derechos humanos. Con la misma celeridad que actuaron para deponer a Zelaya, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia de Honduras deberían actuar para resolver la crisis institucional creada por el golpe”, afirmó la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.

En igual sentido se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Observaciones Preliminares de la visita a Honduras. En aquel momento señaló “que únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras”.

El proceso electoral hondureño actual es organizado por un Tribunal Supremo Electoral compuesto por militantes y exfuncionarios de los partidos políticos que apoyan el golpe de Estado, se lleva a cabo sin la participación de varios candidatos que han renunciado al considerar que no tienen condiciones para realizar una campaña política, y se desarrolla en un contexto de sistemática intimidación a los opositores y violaciones a los derechos humanos de los sectores que se oponen al golpe de Estado.

Además, las instituciones responsables de garantizar los derechos de las personas no están respondiendo adecuadamente ante las múltiples violaciones que se denuncian. Unas elecciones efectuadas bajo estas condiciones consolidarían el golpe de Estado y legitimarían a un gobierno de facto que desde sus inicios ha apostado a las elecciones para afianzar su proyecto político.

Avalar la interpretación del acuerdo San José-Tegucigalpa en los términos que lo hace Estados Unidos hiere la buena fe de la comunidad internacional, lastima la confianza que América Latina y el Caribe pueden tener en las iniciativas de la administración Obama hacia la región y genera dudas acerca de la convicción de ese gobierno de defender la democracia y los derechos humanos en el continente.

Reconocer el proceso electoral hondureño sin la restitución de Zelaya es un precedente nefasto en contra del fortalecimiento democrático de América Latina y el Caribe.